Congreso local desincorpora dos bienes propiedad del Gobierno del Estado para ser Centros de Justicia para las mujeres en Colima y Manzanillo

Este miércoles, el pleno del Congreso de Colima aprobó desincorporar dos
bienes, propiedad del Gobierno del Estado en beneficio de la Fiscalía
General del Estado, lo anterior, “con el propósito de se establezca
legalmente y se fortalezca el Centro de Justicia para las Mujeres en
esta Ciudad de Colima y de que se construya el Centro de Justicia para
las Mujeres en el municipio de Manzanillo”.

El documento leído en tribuna por la diputada, Andrea Naranjo, de la
bancada de Morena, ahonda en que el primer terreno desincorporado, se
trata del “del bien inmueble con superficie de 3,901.99 m2del predio que
se identifica con la Clave Catastral 02-01-20-063-001-000, ubicado en el
Lote 01, manzana 19, en el Fraccionamiento San José Norte, localizado en
la Estancia de esta Ciudad de Colima, Colima”.

El segundo predio es el “correspondiente a una fracción con una
superficie de 2,600 m2 del predio con la Clave Catastral
07-01-18-411-001-000, ubicado en el Lote Terreno Urbano marcado con el
Número 01 de la manzana 411 en el Fraccionamiento Soleares, mismo que se
localiza en el Barrio IV, ubicado en el Desarrollo Urbano Valle de las
Garzas en Manzanillo, Colima”.

El dictamen también establece que “Se otorga un plazo de 24 meses
contados a partir de la entrega de los inmuebles mencionados, para que
la Fiscalía General del Estado lleve a cabo el objeto de la donación a
favor del Centro de Justicia para las Mujeres en la Ciudad de Colima y
del Centro de Justicia para las Mujeres el municipio de Manzanillo,
Colima, en caso contrario procederá la reversión con todos los
accesorios que en él se hubieran construido a favor del Estado o el
Municipio respectivo”.

Además, “el Donatario, no podrá destinar el inmueble que se le dona,
para un fin distinto al mencionado en el artículo anterior, en caso de
incumplimiento operará la reversión en favor del Gobierno del Estado,
con todos los accesorios y obras que en dicho inmueble se hayan
realizado. Se concede acción popular para denunciar ante la Secretaría
Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, cualquier
infracción a lo dispuesto en el presente Decreto. Incurren en
responsabilidad los servidores públicos que no den trámite a las
denuncias presentadas”.

La desincorporación fue aprobada por 21 votos a favor, la iniciadora de
la propuesta, fue la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva.