Estudiar sin ser acosadas: Otra deuda con las mujeres de Colima

Puede que dentro de nuestras cabezas, el título de arriba parezca irrisorio o exagerado: el que una mujer en Colima no pueda pasar por las aulas sin vivir acoso en alguna de las etapas de su educación.

Sin embargo, las denuncias de las que este año fui testigo pintan ese panorama, que si bien no pasa en todos los casos sin excepción, sí hay una gran cantidad de estudiantes que lo viven en alguna etapa o de alguna manera, además de que pareciera que no importa si la institución es pública o privada, de educación básica o superior y que la impunidad es la pieza clave que perpetúa el problema.

Un 11 de marzo me di de bruces contra una cruda realidad que se anunciaba en carteles afuera de la Corona Morfín: “Tal maestro nos toma fotos a las mujeres”, “este otro nos abraza de formas inapropiadas”, “uno más me tocó”.

Eran los reclamos de las alumnas y exalumnas, porque por generaciones nadie frenó este acoso, e incluso, había una cartulina que se remontaba al año 1993.

Pero…¿por qué nadie hace nada?

Uno de los principales factores que frena la justicia en estos casos, parece ser el embudo que se forma al denunciarlos ante los directivos del plantel, quienes en muchas ocasiones no atienden de forma necesaria estos reprobables actos.

Es muy común, según me han contado algunas estudiantes, que cuando sí se hace algo, esto consiste en cambiar de escuela al agresor, exponiendo a otras alumnas a sufrir lo mismo. Se pretende tapar el sol con un dedo.

Por ello, es necesario que la resolución de estos casos salga de este coto de poder que se tiene entre parte del magisterio y parte de la Secretaría de Educación.

Que haya instituciones y personas que vigilen que se respeten los derechos humanos de las y los jóvenes, se les garantice algo tan básico como estudiar sin que sufran violencia y que además se aplique la perspectiva de género.

No lo digo yo, es lo que he recopilado del contacto con las estudiantes y familias afectadas.

Por ello hace unos meses, hice una propuesta para que en la nueva Ley de Educación se considerara un órgano interinstitucional que hiciera esta vigilancia. La figura que propuse pretende que participen el Congreso del Estado, el Instituto Colimense de las Mujeres, La Comisión de Derechos Humanos local, la Secretaría de Educación y la institución en cuestión.

Sin embargo, mi propuesta no fue considerada ni a la hora de dictaminar la ley, ni en su discusión cuando hice la reserva de un artículo para incorporar este órgano y mucho menos en su votación, en la que de plano fue desechada.

Si bien en el Programa Nacional de Convivencia Escolar se contempla un protocolo para los casos de acoso, este no obliga a que una instancia interdisciplinaria siga el proceso y aunque sí hace mención de una comisión multidisciplinaria, esta es ambigua y no es obligatoria.

Además de que la responsabilidad de reportar los casos y hacer que algo pase, recae en los directivos del plantel, lo cual, ya hemos mencionado antes, es un problema a la hora de que estos se resuelvan.

Cabe mencionar también, que dichos protocolos solo contemplan a la educación inicial y básica y aunque hay universidades como la de Colima, que tienen sus propios protocolos, de nuevo: el que la institución sea juez y parte supone un sesgo a la hora de impartir justicia.

Podría pecar de precavida con este intento de proteger a las estudiantes, pero la realidad me dice lo contrario, ¿quién podría estar en contra de terminar con este repudiable problema? ¿a quién podría interesarle proteger a este tipo de docentes.

Yo me quedo con el trabajo y la tarea de no soltar esta iniciativa y una vez que se publique la ley, presentar una reforma para hacer la creación de este órgano una realidad, junto con el cabildeo político y el trabajo de convencimiento que ello implica.

Pero hago el llamado a las mujeres que este año mostraron su músculo y alzaron la voz, a los padres que ahora tememos el lugar peligroso que puede ser la escuela y a la sociedad en general, a no dejar caer este tema, a exigir a sus representantes que voten acorde a las necesidades de sus representados, a vigilar a los perfiles que por alguna razón –desconocida para mí– no desean sacar de su burbuja de impunidad y protección a quienes por generaciones han violentado a nuestras jóvenes.

Las mujeres de Colima deben tener la posibilidad de acceder a su derecho a la educación, sin tener que pagar el precio de la violencia sexual y la misoginia.

El acoso sexual es una cosa seria que por ningún motivo debe ser minimizada, las niñas, niños y jóvenes que lo sufren tiene efectos adversos que les afectan profundamente en su rendimiento escolar y su desarrollo social. Es un lastre que ningún estudiante debe cargar ni vivir. Luchemos para que así sea