El impago al magisterio, las basificaciones y el recurso, los temas cuestionados en comparecencia al secretario de Educación

En su comparecencia como parte de la glosa por el VI informe de gobierno
del ejecutivo, Jaime Flores Merlo, secretario de Educación informó que
el Sistema Educativo Estatal, para el Ciclo Escolar 2020-2021, registró
una matrícula de 196 mil 434 alumnos en todos los niveles educativos de
Educación Básica, Media Superior y Superior, incluidos los servicios de
Educación Especial y Formación para el Trabajo, distribuidos en 1 mil
355 escuelas, integrados en 7 mil 193 grupos y atendidos por 13 mil 517
docentes.

Que en ese mismo ciclo, se expidieron sin costo 34 mil 524 certificados
y 9 mil 555 duplicados ambos con firma electrónica para alumnos de los
tres niveles de Educación Básica. Se realizaron 56 revalidaciones de
estudios en Educación Media Superior y Superior; y se dictaminaron 530
equivalencias.

Se participó en la organización, implementación y seguimiento de 6
sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar en 970 Escuelas de
Educación Básica para evaluar y tomar acuerdos sobre la estrategia de
Educación a Distancia “Aprende en Casa III” y garantizar el aprendizaje
de los estudiantes.

En el marco de los Consejos de Participación Escolar en la Educación, se
llevó a cabo la integración de 1 mil 25 Comités Participativos de Salud
Escolar.

En este sexenio se han entregado 1,406 plazas de base por
regularización, más que las que se habían otorgado en los 60 años de
organización de los maestros de la sección 39 del SNTE.

La diputada única de Nueva Alianza, Myriam Gudiño, preguntó, ¿en qué se
han invertido los 7 mil 298 millones de pesos presupuestados para la
Secretaría de Educación?, ¿quién decide el uso de este recurso?, ¿cuáles
han sido las acciones realizadas desde la dependencia para garantizar el
pago al magisterio en tiempo y forma?, ¿cuáles son las medidas que la
secretaría implementa para un regreso a clases seguro?

En su intervención la diputada única del Partido del Trabajo, preguntó,
ante el abandono escolar y el déficit de aprendizaje generado durante la
pandemia ¿Quién se hará responsable?, ¿qué plan de acción se implementó
para lograr recuperar a las 8 mil niñas y niños de educación básica que
hace dos meses se afirmó que no se inscribieron?, qué acciones han
implementado en coordinación con los municipios para garantizar el
acceso a la educación media superior?

Por su parte, el diputado del Partido Encuentro Solidario, Rigoberto
García, ¿A qué se debe que no se brinde atención medica y medicamento a
los maestros de la sección 39 del SNTE?, ¿qué destino tienen las
aportaciones que hace el magisterio para este rubro?, ¿cómo garantiza la
Secretaría de Educación la atención de las enfermedades del magisterio?

¿Cuál es el monto del subsidio de este ejercicio fiscal 2021 que el
poder ejecutivo le ha entregado a la Universidad de Colima?, ¿a qué se
debe el incumplimiento en la entrega de dicho subsidio?

La diputada de Movimiento Ciudadano, Glenda Ochoa preguntó al
funcionario ¿cuánto y cómo fue el apoyo adicional dado a los profesores
ante la impartición de clases en línea?, ¿cuál es diagnostico numérico
real de la deserción escolar durante el pasado ciclo escolar?, ¿cuál es
la inversión hasta la fecha en infraestructura de centros escolares?,
¿cuál es la estrategia para asignar plazas a docentes egresados?

La diputada panista, Priscila García, solicito al funcionario informar
el por qué durante los últimos 3 años, el pago de los trabajadores del
EMSAD y telebachillerato comunitario han sufrido importantes atrasado y
¿qué se propone para regularizarlos?, en materia de garantizar el acceso
a la educación básica, preguntó, ¿por qué se siguen cobrando las cuotas
escolares a los padres de familia? Cuando existe una prohibición
expresa.

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Magaña, cuestionó ¿por qué
no se le ha pagado a las y los trabajadores del CENDI? Afirmando que
desde mayo de este año el recurso para ello ya está radicado, también
pidió que se informe ¿qué se hizo, qué se ha hecho y qué se va a hacer
para regularizar el pago a los maestros?, ¿cuál fue la estrategia de la
dependencia para proteger al interés superior de las niñas, niños
jóvenes y adolescentes y hacer valer su derecho a la educación en el
contexto de la pandemia?, ¿de qué forma impactó la pandemia en el
abandono escolar y qué hizo la dependencia para mitigarlo?

La diputada de Morena, Sonia Hernández, cuestionó ¿cuántas
basificaciones se han otorgado en estos últimos 5 meses y si esas
personas cubren con el perfil, los requisitos y el tiempo establecidos
en la Ley para ser merecedores a una plaza?
¿A cuántas personas tiene Comisionadas en otras áreas? ¿Todas esas
personas acuden a sus centros de Trabajo? ¿Cuántos docentes tienen
becados por un trabajo de investigación? ¿Algunos de los anteriores se
les ha dejado de pagar su sueldo?, ¿se han detectado cargo vitalicias?

Sobre violencia de género, preguntó, ¿Cuantos casos de acosos a alumnas
y alumnos ha conocido y que tratamiento les da?

Respecto a los planteles pidió la siguiente información: ¿Están en
óptimas, adecuadas y operativas las instalaciones de esas 1,355
escuelas? ¿Se encuentran listas para recibir a esos 196,434 alumnos y
sus 13,517 docentes?

En su segunda participación, sobre la forma en la que se distribuye el
presupuesto, el secretario dijo que cuando este llega al estado desde la
Federación y es el legislativo quien decide la distribución general,
mientras que en lo que respecta al que se le da en educación, este se
usa en su mayoría a nóminas, cumplimiento de los programas federales y
gasto corriente.

Respecto al impago al magisterio, dijo que su dependencia envía a la
Secretaría de Hacienda la nómina y espera a que está sea autorizada,
luego, el recurso se envía a la Secretaría de Finanzas, quien lo hace
llegar a los maestros, por lo que dijo, no es una competencia de su
dependencia. Sin embargo, comentó que ya se encuentra en los trámites
necesarios para que se autorice la primera quincena de octubre.

Sobre la basificación, explicó que estas se hicieron conforme a la
antigüedad y no representaron ningún cargo extra al erario, pues dichas
personas ya tenían un recurso asignado y sobre las prestaciones médicas
de las mismas, se hizo un estudio de a cuánto ascendían y se hicieron
las aportaciones necesarias.

Sobre la deserción escolar, expresó que se inició un programa llamado
“En Colima somos de 10 y estamos al 100”, pues se implementan 10
acciones para recuperar a los niños que se fueron del sistema educativo
y que busca que el 100% estén inscritos en un plantel educativo.

Dijo que al inicio del sexenio se tenía un promedio de 9.5 años, el cual
actualmente es de 10 años, expresó que en materia de rezago educativo se
puede levantar “bandera blanca”, que no hay ni una sola escuela que no
cuente con agua, aunque esta no llegue por otras circunstancias.

Sobre cobertura educativa, expresó que se tiene lo suficiente para
atender al 100% de la matrícula desde primaria al nivel medio superior,
sin embargo, el “talón de aquiles” es la educación preescolar pues no
hay ni infraestructura ni plazas.

Sobre las retenciones al magisterio, expresó que estas por ley se van al
IPECOL y respecto al subsidio a la universidad de Colima, dijo que este
asciende a más de 341 millones 605 mil pesos, pero tienen entendido que
no se ha entregado y explicó en cuanto a las cuotas escolares que estás
están prohibidas y que cada año se alerta a los directores que de
prestarse a coaccionar a los padres de esta forma, serán sancionados, lo
cual, ya se ha hecho.

Sobre la venta de plazas, pidió que si alguien sabe de esta situación,
se denuncie a la autoridad judicial, pues es un delito.

También afirmó que se dejarán 28 millones de pesos en gasto corriente
para que se atienda a aquellas escuelas que aún no puedan regresar a
clases de forma presencial por la falta de servicios.

La diputada única de Nueva Alianza, Myriam Gudiño, agregó a sus
preguntas el ¿qué está pasando con la escuela de talentos? Pues los
padres de familia tienen preocupaciones sobre su funcionamiento y
presupuesto.

La diputada del Partido del Trabajo, Evangelina Bustamante, añadió a sus
preguntas: ¿qué hará la dependencia a su cargo para garantizar el pago
puntual a los colaboradores de los CENDIS?

El diputado de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno, preguntó al
secretario, en un ejercicio de autoevaluación y en una escala de 0 al
10, ¿qué calificación se asignaría? Y si es que existe desvío de
recursos en la dependencia y de no ser así, si es que puede probarlo.

La diputada de Morena, Sonia Hernández afirmó que existe una maestra que
vive y ha vivido por cerca de dos años en Nueva Zelanda (Maestra Blanca
Góngora, Esposa de Rogelio Gedea) y que se encuentra bajo una modalidad
de Comisionada que desde su Secretaria se le genera y cobra una
quincena, la cual no es una modalidad de Beca pues no hace una
investigación que retribuya a la Educación en el Estado, ni se encuentra
bajo la figura de Comisionada pues no está en funciones en ningún Centro
de Trabajo, por lo que increpó: ¿Usted sabia de esta situación o la
desconocía? ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Hay alguna denuncia de su parte
o alguna si quiera observación a la Contraloría?

También cuestionó si es que conoce a Julio Magaña Cervantes, si ¿sabe si
esta persona percibe una nómina por parte de la Secretaría de Educación?
Pues de acuerdo a la legisladora, desde 2004 se encuentra al frente de
la Asociación Estatal de Padres de Familia, por lo que preguntó, ¿no
cree Señor Secretario que esta persona ya dejo de ser un padre con hijos
en escuela?, ¿Qué ha hecho ante esa situación? ¿Considera que su función
de esta persona es adecuada y optima?

¿Cuántos casos de acoso sexual tiene, ha sabido o le han denunciado en
las escuelas de colima? Y ¿Por qué no se hace nada en contra de esos
acosadores? ¿Por qué no hay alguna denuncia? ¿Por qué su dependencia no
ha denunciado en la Fiscalía del Estado?

La diputada también dijo que hay 200 planteles educativos no cuentan
siquiera con agua potable y necesitan rehabilitación de energía
eléctrica, mientras que otras 154 carecen de drenaje y sanitarios. Por
ello preguntó ¿Qué pasa con esas poco más de 200 escuelas? ¿Qué ha hecho
su administración para atender estad necesidades?

Hernández también mencionó que la secretaria opera con fondos mixtos,
50% de recurso federal y 50% de recurso estatal, por ejemplo, el
programa de EMSAD o Telebachillerato Comunitario. Sin embargo, dijo, el
Gobierno del Estado no aporta ese 50% de recursos estatales, al cual
está obligado, por lo que preguntó, ¿qué ha hecho para remediar esa
situación? ¿Qué lucha ha hecho ante el Gobierno del Estado para que se
pague íntegramente ese 50% de participación? ¿Por qué no ha generado una
denuncia en la Contraloría por ese, hasta un momento desvió de recursos,
pues este recurso se encuentra debidamente presupuestado en la Ley de
Egresos?

En su última intervención, Flores Merlo, explicó sobre la escuela de
talentos, que esta es una institución que funciona con financiamiento
local, que requiere 5 millones 800 mil pesos al año para operar y se
tiene contemplado que esta siga operando por lo que ya se hicieron las
propuestas económicas requeridas para que funcione de agosto a diciembre
de 2021 y de enero a julio de 2022.

Actualmente y por motivo de la pandemia, dijo, se trabaja a distancia
pero se propone que se regrese en una modalidad mixta, que una semana
inicial regresen los primeros grados y semana tras semana se incorporen
el resto de los grados.

Sobre los CENDIS y dijo que la dependencia a su cargo no les paga y es
la Federación quien da el recurso, mientras que la Secretaría es el
órgano ejecutor y que en el convenio hay tres errores al respecto: el
primero es que el convenio que firman a nivel federal solo contempla la
educación inicial, no preescolar, que no contempla los primeros tres
meses del año y que a quien se sanciona por no administrarlo de forma
correcta es a quien ejecuta.

Por lo que dijo, ya se pagó lo respectivo a los CENDIS desde septiembre,
por lo que exhortó a la diputada Evangelina Bustamante, a revisar el
convenio, pues este viene con “tres trampas” que afectan a los
trabajadores.

En cuanto a la autoevaluación planteada por el diputado de Movimiento
Ciudadano, respondió que en materia educativa siempre hay algo por hacer
y reconoció la labor de los maestros de Colima al adaptarse al contexto
de la pandemia.

Respecto al tema del pago de maestros EMSAD y telebachilleratos
manifestó que funcionan con mitad de recurso federal y mitad estatal,
sin embargo, cuando el gobierno local firmó los convenios, estos
llegaron tarde por parte de la Federación, por lo que la administración
cubrió las quincenas a través de un préstamo, hasta que fueron
observados.

También afirmó que ya no hay personal comisionado, pues esta figura ya
no existe y los únicos trabajadores que tiene comisionados son los que
tiene de confianza en la dependencia y que al no existir una plaza
directiva para poderles pagar, están comisionados con este recurso y que
no existen cargos vitalicios, pero sí hay claves que los funcionarios
ostentan “hasta que ellos quieran”, pues su retiro es voluntario.

Cuestionado sobre la violencia de género, dijo que hay una dirección de
asuntos jurídicos que atiende estos casos en las escuelas, pero muchas
veces no se ratifica, como fue el caso de la escuela Enrique Corona
Morfín, cuyo caso fue llevado a la Fiscalía General del Estado pero
nadie acudió a ratificar la denuncia. Al maestro acusado, dijo, se le
cambió de plantel.

Añadió que en los últimos cinco años han solventado más de mil millones
de pesos en deuda y lo que falta, afirmó, no es de esta administración,
en su mayoría es de administraciones anteriores.

Finalmente, Jaime Flores Merlo respondió ante la pregunta sobre el
desvío de recursos en su Secretaría que se somete al escrutinio de las
autoridades competentes y si se le demuestra, habrá de atender las
consecuencias.