Congreso pide a Contraloría informe sobre procesos contra exfuncionarios de MAM
*La solicitud la presentó el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima
A solicitud de Nicolás Contreras Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, el Congreso exhortó a la Contraloría General del Estado para que, en un plazo máximo de 10 dúas hábiles, informe sobre los expedientes que en materia de responsabilidad administrativa ha iniciado contra exfuncionarios de la administración que encabezó Mario Anguiano Moreno.
A través de un punto de acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, la Legislatura pidió a la titular de la Contraloría del Estado que, en caso de no existir ningún procedimiento por las irregularidades expuestas por el OSAFIG en la auditoría excepcional a los años 2013, 2015 y al 31 de agosto de 2015, se proceda a iniciarlos.
Los legisladores independientes recordaron que el Informe del Resultado de Revisión de Situación Excepcional realizado por el Osafig, develó diversas irregularidades cometidas en el sexenio anguianista.
De igual forma, durante los días 3, 4 y 7 de noviembre que comparecieron ante el Congreso del Estado los secretarios de Planeación y Finanzas, Educación, Salud, Administración y Gestión Pública, Seguridad y Desarrollo Social, admitieron que cuando llegaron a sus respectivas secretarias encontraron diversas irregularidades.
Asimismo, dijeron tener conocimiento, por los informes publicados en su portal de internet, que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho del conocimiento a la Contraloría General del Estado de Colima, diversas situaciones irregulares para que realizara las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo correspondiente.
En ese tenor, señalaron que por disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las funciones de esa dependencia, es que se solicita a la Contraloría del Estado informe sobre los procedimientos para fincar responsabilidades administrativas contra los exfuncionarios de la administración estatal que incurrieron en irregularidades.
A solicitud de Martha Sosa, diputada del PAN, se exhortó también a la Contraloría General para que investigue a Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social en la admintsr4aci´0n estatal 2009-2015 por tres motivos:
Su actuación indebida como servidor público que derivó en la anulación de la elección ordinaria a Gobernador del año 2015; el probable tráfico de influencias por el caso de las Cabaña la Nogalera, en el que su esposa se benefició de proyectos productivos dedicados a comunidades indígenas, y el probable fraude cometido contra personas que habrían entregado recursos a la Sedescol en 2014 para adquirir materiales de construcción a bajo costo sin que éstos les fueran entregados.