Propone Congreso que MAM resarza daños por 68.6 mdp

*Legislatura también hace propuesta de inhabilitar al exgobernador por 14 años

En votación unánime, el Congreso del Estado aprobó proponer una sanción económica resarcitoria al exgobernador Mario Anguiano Moreno por 68 millones 675 mil 136 pesos e inhabilitarlo por 14 años para desempeñar empleos en el servicio público, esto al concluir el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del Gobierno del Estado de Colima.

Leído en tribuna por el diputado independiente Nicolás Contreras Cortés, el dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, propuso también sancionar a otros exfuncionarios estatales, entre otras a Blanca Isabel Ávalos Fernández, exsecretaria de Finanzas.

La sanciones económicas propuestas para Anguiano Moreno surgen luego de que se constataran 12 operaciones bancarias por un importe de 66 millones 800 mil pesos, realizadas de la cuenta de cheque 300085464, del Banco Interacciones a nombre del Gobierno del Estado de Colima, consistentes a cuatro cuentas bancarias que presentaron salidas de efectivo y que no se encuentran registradas en la contabilidad.

Se observó que de acuerdo a los movimientos registrados, el destino de los recursos y los beneficiarios identificados, no se acreditó que las salidas de recursos económicos estén directamente vinculadas a la operación del Gobierno del Estado de Colima y de las que se desprende un desvío hacia fines distintos a los autorizados en el Presupuesto de Egresos 2015.

Otra sanción económica propuesta para Anguiano Moreno, ésta por un millón 875 mil 136 pesos, es por omitir la vigilancia en la comprobación de gastos correspondientes al fondo revolvente asignado al Carlos Alberto Ceballos Radillo, quien ocasionó su ejercicio indebido, al efectuar gastos no permitidos en el Reglamento respectivo, ni en las Reglas para la Racionalización del Gasto Púbico Estatal del ejercicio 2015.

Para Blanca Isabel Avalos Fernández, ex secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, se propuso inhabilitación por 14 años para desempeñar empleos en el servicio público estatal o municipal, y sanción económica resarcitoria directa por 66 millones 800 mil pesos, además de amonestación pública.

A Isaac Martínez Vázquez, director de Administración y Finanzas del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado de Colima (SEFIDEC), se propuso destitución del cargo e inhabilitación por 10 años y sanción económica resarcitoria solidaria por 9 millones de pesos.

Martínez Vázquez habría realizado el cobro de cheques, sin acreditar que el importe de los mismos ingresara a las cuentas bancarias del Fideicomiso por concepto de subsidios o realizadas por el Gobierno del Estado para la operatividad propia del SEFIDEC.

Para Héctor Hugo Quintero Munguía, Jefe de Departamento A, adscrito a la Policía Estatal Preventiva, se propuso inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos públicos y sanción económica resarcitoria solidaria por 37 millones 500 mil pesos.

De la cuenta Banorte número 279960397 a nombre de Gobierno del Estado de Colima, se identificaron salidas de efectivo que se realizaron en el periodo comprendido entre el 12 de mayo y el 05 de junio, por un total de 35 millones 500 mil pesos, mediante 23 cheques emitidos a favor de Quintero Munguía y cobrados en efectivo por él mismo.

Otros funcionarios a los que se les propusieron sanciones son Josefina Carrillo Llerenas, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública con cargo de Supervisor y categoría Supernumerario, a quien se sugiere inhabilitación por 10 años y sanción económica resarcitoria solidaria por 2 millones 950 mil pesos.

Para Carlos Alberto Ceballos Radillo, secretario privado del Despacho de la Secretaría Privada del Despacho del Gobernador, se propuso destitución con inhabilitación por 2 años y sanción económica resarcitoria directa por 940 mil 259 pesos, por ejercer indebidamente el fondo asignado para su administración, efectuando gastos por conceptos no autorizados en el Reglamento para el Manejo del Fondo Revolvente y en las Reglas para la Racionalización del Gasto Publico Estatal para el Ejercicio 2015.

A Carmen Yolanda Núñez Sosa, Administradora en la Coordinación General Administrativa dependiente del Despacho del Gobernador; se le propuso destitución con inhabilitación por 2 años y sanción económica resarcitoria directa por 934 mil 876 pesos, por ejercer indebidamente el fondo asignado para su administración, efectuando gastos por conceptos no autorizados en el Reglamento para el Manejo del Fondo Revolvente y en las Reglas para la Racionalización del Gasto Publico Estatal para el Ejercicio 2015.

Para Carlos Arellano Morín, coordinador general de Proyectos Especiales y Encargado de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sanción económica resarcitoria subsidiaria por tres millones 111 mil 536 pesos.

A Roberto Oliva Saucedo, supervisor de Obra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, amonestación pública y sanción económica resarcitoria subsidiaria, por tres millones 111 mil 536 pesos.

El total de sanciones económicas propuestas por el Congreso del Estado en la revisión y fiscalización de la cuenta pública del año 2015 del Poder Ejecutivo, asciende a 198 millones 420 mil 591pesos.

Al declararse concluido el proceso de revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado de Colima, con observaciones en materia de responsabilidades, el dictamen se turnó a la Comisión de Responsabilidades.