Congreso exhorta a autoridades para que cumplan con el Decreto 139 del Código Penal

El diputado Riult Rivera Gutiérrez presentó un exhorto dirigido a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Colima, en sus administraciones públicas centralizadas y descentralizadas, a los órganos constitucionalmente autónomos, así como a los 10 Ayuntamientos de los municipios del Estado de Colima para que cumplan el Decreto número 139, relativo a la adición del tipo penal de desvío de cuotas o aportaciones de los empleados de las entidades públicas.

Riult Rivera recordó que en las últimas fechas han habido manifestaciones de diversos líderes sindicales en cuanto a que no se han recibido las cuotas ya descontadas a la planta laboral del ente administrativo correspondiente, por lo que expresó que dicho exhorto es a manera de recordar la importancia del cumplimiento y respeto del tipo penal llamado desvío de cuotas y aportaciones, inserto en el Código Penal del Estado.

El legislador expuso que de no respetar lo estipulado en la Ley, las autoridades antes mencionadas, pueden incurrir en responsabilidad penal, teniendo como castigo pena privativa de la libertad y privación para ejercer funciones públicas, dependiendo el monto del daño económico causado a los trabajadores.

“La sociedad colimense exige y reclama a las autoridades gubernamentales un actuar recto y transparente en las labores de administración y aplicación de los recursos que se obtienen a través del cobro de contribuciones a la ciudadanía”, aseguró.
Rivera Gutiérrez dijo que claros ejemplos de esto son el retraso en la entrega de las pensiones a los adultos mayores y la aplicación de recursos etiquetados para obra pública aplicados a gasto corriente, “hechos como estos afectan al interés público, y que sobre todo son recursos, cuyo titular originario es el pueblo, y deben ser ejercidos con honestidad y transparencia”.

Finalmente, el diputado Riult Rivera hizo un llamado a las autoridades competentes a velar por los intereses de los trabajadores, proteger sus ingresos, fruto de su esfuerzo laboral, a respetar sus derechos de manera puntual y a evitar este tipo de prácticas que tanto dañan la estabilidad y confianza de las instituciones y los servidores públicos que las conforman.