Propone Héctor Magaña reforma para endurecer la penas por robo

Para endurecer las penas a quienes cometan robos en diversas modalidades, el diputado Héctor Magaña Lara, con el respaldo de sus compañeros legisladores priistas y los de Nueva Alianza, PVEM y PT, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Colima.

Al presentar su iniciativa, que fue turnada a comisiones para su análisis, el diputado por el municipio de Villa de Álvarez lamentó que sean constantes las quejas de la ciudadanía afectada en su patrimonio ante el accionar de la delincuencia.

“Los escuchamos con gran preocupación, quejándose que delincuentes se metan a sus casas, les roben su vehículo y les quiten lo que con tanto esfuerzo han conseguido, sumándose algo más grave: ladrón que es detenido, poco tiempo después anda nuevamente en la calle”, señaló Magaña Lara.

El legislador local consideró que para que se reduzca la criminalidad en el Estado de Colima, se requiere no sólo el endurecimiento de penas, sino también acciones comprometidas y planes institucionales de prevención del delito, entre otras muchas actividades que corresponden a todos.

“Sin embargo, debemos desalentar al ladrón con penas acordes a la afectación que producen a quien le despojan de su patrimonio, y lo debemos hacer ya.”

La iniciativa de Ley plantea reformas a los artículos 183, 185, 186, 187 y 188 del Código Penal del Estado Colima, proponiendo penas de prisión que van desde uno a veinte años de cárcel y multas económicas en función del valor de lo robado.

En su iniciativa, Héctor Magaña propone que cuando se trate de robo calificado, se impongan penas desde uno hasta 15 años de prisión y multa desde uno a tres veces el valor de lo robado.

Para quien se apodere de un vehículo de motor, el priista propone sanciones de seis a 20 años de prisión y multa por un importe equivalente de mil a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización.

Para quien robe cobre o algún otro metal utilizado en instalaciones eléctricas, hidráulicas, agua potable, gas, drenajes, partes de equipamiento urbano, industrial o agrícola; se proponen penas de de seis a 15 años de prisión, y multa por un importe equivalente de setenta y cinco a cien Unidades de Medida y Actualización.

Finalmente, para el que se apodere ilegalmente de implementos, maquinaria y equipos agropecuarios; productos y subproductos de las actividades agropecuarias, o algún otro bien material del sector productivo del medio rural, podrían imponérsele de seis a 15 años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 150 Unidades de Medida y Actualización.