Busca PRI impedir la discriminación por edad en convocatorias de empleo
*Iniciativa de Federico Rangel pretende también impedir la exclusión laboral por estereotipos sexistas
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Federico Rangel Lozano, presentó una iniciativa de reforma a la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, con la que busca evitar la discriminación por edad en las convocatorias que ofertan puestos laborales.
Presentada a nombre de sus compañeros de bancada y de los diputados del PT, PVEM y Nueva Alianza, la iniciativa de Rangel Lozano pretende también inhibir los requisitos de estereotipo sexista en las convocatorias de empleo.
Con esta iniciativa de reforma, Federico Rangel busca que en Colima no puedan exigirse como requisitos para conceder un empleo, por ejemplo, ser joven, de cierta edad, alegre o con buenas presentaciones.
“Estas características específicas atentan contra la dignidad de la persona, ya que cada uno tiene una personalidad distinta y los diferentes tipos de personalidad no entrañan directamente en mayor o menor efectividad laboral”, dijo el iniciador.
El priista aseguró que el derecho a la no discriminación debe ser respetado tanto por las autoridades como por los particulares, y a pesar de la libertad de la que goza el empleador para contratar, éste debe abstenerse de discriminar al seleccionar al personal.
Rangel Lozano citó el expediente 992/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual establece que al contratar empleados considerando la edad, no se tienen en cuenta las características profesionales del trabajador ni el rendimiento, sino únicamente el factor cronológico, lo que supone un actuar arbitrario que actualiza la prohibición constitucional y legal de no discriminar.
De aprobarse la iniciativa en los términos propuestos, las sanciones para quienes al ofertar empleos discriminen por razones de edad o por estereotipos sexistas, irán desde amonestación con apercibimiento, hasta multas de hasta mil días de salario mínimo; clausura temporal o permanente, parcial o total a establecimientos, o revocación de su autorización para operar.