Expiden ley del instituto de defensoría pública

Para su operación en el Estado de Colima cuenta con un presupuesto aprobado superior a los 17 millones de pesos

Para proporcionar defensa jurídica de alta calidad profesional y gratuita a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia legal, el Congreso del Estado expidió la nueva Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, mismo que tendría un techo presupuestal cercano a los 17.4 millones de pesos, ya considerados en el presente ejercicio fiscal.

El objetivo es velar la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuar con profundo respeto por la dignidad humana de los representados, ofrecer servicios a los adolescentes de conformidad con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y asesorar en asuntos civiles, familiares, administrativos, mercantiles, agrarios y de amparo a quienes así lo soliciten y no se encuentren en condiciones de retribuir los servicios de un abogado.

La Ley contempla la creación del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Colima como un organismo público descentralizado sectorizado a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión en el desempeño de sus funciones para el cumplimiento de su objetivo.

Se determinó que la defensoría pública es una obligación del Estado para preservar tanto los derechos humanos como las garantías procesales; la defensa, desde su concepción más amplia, representa un derecho natural y fundamental para preservar la dignidad e integridad de cualquier persona; es decir que las garantías y derechos la Constitución Federal y la propia del Estado, relativas al acceso a la justicia, serán posibles con la reestructuración de la organización y funcionamiento de la defensoría pública en el Estado.

En este nuevo ordenamiento se incorpora para el Defensor Público, la atribución y obligación de ejercer y agotar la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como formular las solicitudes de procedimientos especiales que procedan.

La Ley también adopta lo dispuesto en la Carta Magna Federal con relación a la consolidación de un servicio profesional de carrera, con el cual los defensores públicos tendrán derecho a la estabilidad laboral y sobre todo a ascender de manera legítima a mayores puestos dentro del Instituto, privilegiando la capacidad, la experiencia y la actualización del marco jurídico que incide en el ámbito de sus atribuciones.

Con la creación del Instituto de Defensoría Pública, en primer término, se dará cumplimiento a lo mandatado en la Constitución Federal como en la Constitución Local, y se dotará a la actual Defensoría Pública de mayores recursos financieros, materiales y humanos, lo que se verá reflejado en beneficio de la sociedad e incrementará la calidad del servicio prestado por el Instituto.

Por esta expedición de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, será abrogada la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, la cual fue publicada el 13 de diciembre de 2014.

Respecto al presupuesto para la operación de este instituto, en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2021, se contempla en la partida presupuestal para el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, la cantidad de 17 millones 395 mil 014 pesos, por lo que no se tendría impacto presupuestal alguno, pues la LIX Legislatura previó la constitución de dicho Instituto.

Sobre el personal que actualmente se encuentra adscrito y laborando en la Dirección General de la Defensoría Pública, pasará a formar parte del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, preservando sus derechos laborales, y de ser el caso, quedará incorporado al Sistema del Servicio Profesional Carrera sin la necesidad de cubrir las etapas de ingreso y selección, al reunir previamente las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones.